¿Qué tan viable es la reforma a la Ley de Puertos?

La pregunta que los involucrados en la industria marítimo portuaria nos hacemos, es si debe reformarse o no la Ley de Puertos. Si la respuesta es afirmativa, debe explicarse el porqué y el sentido de la reforma, es decir, qué avances en el sector se lograrán con ello.

El tema es importante porque existen promotores de dicha reforma, tanto en el sector público como en el privado. Pero no deja de percibirse que las modificaciones propuestas, claramente se dirigen a proteger y preservar los derechos e intereses de los operadores actuales, dificultando el acceso de nuevos agentes a la prestación de servicios portuarios, y un más estricto control de los administradores y operadores, por parte de la autoridad.

La Ley de Puertos regula una actividad económica fundamental para las actividades comerciales del país. Su promulgación originó una escalada en la oferta de servicios y en las productividades portuarias, quizá, como ninguna otra ley en la historia de México, por lo cual, conviene meditar sobre la razón de su éxito, y de ahí partir sobre la conveniencia de modificar sus normas.

En sus origenes…

La principal aportación de la Ley fue abrir las actividades portuarias a las empresas privadas, con lo cual se atrajeron capitales y tecnologías, además se propició la competencia, dentro de los puertos y de los puertos entre sí. Se liberaron las tarifas, para que fueran un factor competitivo y contribuyeran a mejorar las productividades, se otorgó autonomía a la administración de cada recinto portuario, a través de la figura de la concesión. Es decir, el estado dejaría de ser administrador de una actividad típicamente industrial, independientemente de su posición estratégica, para entregarla a la iniciativa privada.

Desde luego, la Ley contiene otros elementos propiciatorios del desarrollo portuario, pero creo que los tres anteriores son los más importantes, y los que están siendo objeto de políticas inadecuadas, que empiezan a causar efectos negativos.

A través de la reforma legal, se pretende eliminar la posibilidad de que los propietarios de terrenos colindantes al recinto portuario, puedan establecer terminales en las que se proporcionen servicios a terceros, y sujetarlas a que su proyecto este considerado en programas maestros, en los que los operadores actuales tienen una gran influencia y, en todo caso, a través de concursos públicos. Esto eliminará el acceso de nuevos agentes y terminales, como las gaseras de Altamira, Lázaro Cárdenas y Baja California.

La autonomía en la administración portuaria es cotidianamente agredida. La toma de decisiones se centraliza usando la normatividad aplicable a las empresas paraestatales, la que, de por sí, lo que menos favorece es la agilidad administrativa.

Por último, el sistema tarifario se ha vuelto hermético. Los precios no juegan en la competencia, ya que, quien determina el valor de los servicios es la autoridad portuaria, a través de su registro obligatorio y que será objeto de legalización en la posible reforma, eliminando una de las estructuras legales que tanto sirvieron al desarrollo.

Autoridades y legisladores, deberán meditar profundamente en los hechos descritos, si no quieren entorpecer algo que, a la luz pública, produjo un efecto positivo extraordinario.

Su opinión es importante, envienos sus comentarios o sugerencias de los artículos de su interés relacionado con la industria marítima portuaría.